El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, senador Francisco Castellón Fonseca, exigió al gobierno de Veracruz retirar los cargos contra Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola, quienes fueron acusados de terrorismo y sabotaje luego de que en twitter difundieron rumores sobre falsos atentados en escuelas de dicha entidad.

Esto es un claro “precedente del autoritarismo más obscuro” en el país en contra de quienes hacen uso de una herramienta libre como son las redes sociales, aseveró el legislador del PRD.

“Este caso sería un mal precedente, acusar de terrorista a una periodista que difundió un rumor que a ella le dijeron o a una persona que generó también una especulación es realmente algo no solamente desproporcionado, sino un precedente para sentar en nuestro país las raíces del más obscuro autoritarismo que tengamos noticia”, opinó.

El  legislador por Nayarit anunció que en la sesión ordinaria del próximo martes presentará un punto de acuerdo para que el Senado de la República, “con pleno respeto a la autonomía del estado de Veracruz, solicite al gobernador Javier Duarte, retirar los cargos en contra de María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, acusados por terrorismo y sabotaje mediante el uso de redes sociales en Internet”.

Javier Castellón Fonseca señaló que, lamentablemente, los gobernadores y congresos de Veracruz, Tabasco y Nayarit han aprobado leyes anti-redes sociales e Internet, y con ello “han satanizado el uso de esta importante herramienta de comunicación y acceso al conocimiento. Les debe quedar claro que no se debe controlar lo que circula en la red ya que con esto se cortaría los más elementales principios de libertad de expresión”.

Señaló que esta medida que se está expandiendo en los Congresos locales se debe al temor de los gobernantes ante el crecimiento de la violencia, “por lo que no se les ocurre otra cosa más que hacer leyes restrictivas y que la información no se les salga de control en las redes sociales”.

Comentó que ante la falta de información veraz y oportuna por parte de los gobiernos, los ciudadanos de diversos puntos del país han hecho uso de Internet y de los beneficios que este instrumento brinda, para mantenerse informados de los hechos delictivos que se desarrollan en sus estados y comunidades, tal es el caso de Nayarit, Monterrey, Chihuahua y Tamaulipas, donde los ciudadanos, con más frecuencia, están acudiendo a las redes sociales para informarse y protegerse de los hechos de violencia.

“Es importante actuar en contra de ese precedente que es un ejemplo nefasto para la democracia del país, para la libertad de expresión y para el uso libre de las redes sociales”, aseguró el también presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara Alta.

Comentó que en su propuesta también exhortará a los gobiernos de las entidades federativas del país, a que en el marco de sus atribuciones y mediante el aprovechamiento de las ventajas que brinda el uso de tecnologías de la información y comunicación, “implementen un sistema que brinde a la ciudadanía información eficaz y oportuna sobre los hechos de violencia que  se desarrollen en sus estados y adviertan a la población de los riesgos en determinadas zonas”.

“Como gobierno estaríamos cometiendo un error al satanizar y criminalizar  el uso de Internet por parte de los ciudadanos. Si bien es cierto puede realizarse un uso inadecuado por parte de algunos usuarios de Twitter y Facebook, considero que es un exceso que estos hechos sean catalogados como actos terroristas o de sabotaje, ya que al considerarlos así se está violando las garantías individuales de libertad de expresión y de acceso a la justicia”, concluyó.