Punto de Acuerdo

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL A FIN DE QUE RINDAN UN INFORME DETALLADO SOBRE EL CONTENIDO Y ALCANCES DEL ACUERDO COMERCIAL ANTI-PIRATERÍA, ASIMISMO SOLICITAR A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, LA INTEGRACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN O COMISIÓN ESPECIAL QUE DÉ SEGUIMIENTO A LAS NEGOCIACIONES DE DICHO ACUERDO

El que suscribe, Francisco Javier Castellón Fonseca, Senador de la República por el estado de Nayarit a la LXI Legislatura, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con fundamento en el artículo 116 , 122, 123 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar la comparecencia del Titular de la Secretaría de Economía y del Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a fin de que rindan un informe detallado sobre el contenido y alcances del Acuerdo Comercial Anti-Piratería (Anti Counterfeit Trade Agreement-ACTA), asimismo solicitar a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, la integración de una subcomisión o comisión especial que dé seguimiento a las negociaciones de dicho Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La propiedad intelectual ha cobrado un papel central en las relaciones comerciales modernas. Los tratados comerciales suscritos por México muestran una tendencia a fortalecer la protección de los distintos aspectos relacionados con la propiedad intelectual y el comercio. Prueba de lo anterior la constituye la suscripción del TLCAN y los ADPICS, entre otros.

El Senado de la República, como foro plural y abierto, ha recibido un número importante de peticiones ciudadanas en las que se han manifestado distintas inquietudes y preocupaciones que tienen que ver con la negociación de un nuevo tratado comercial conocido como ACTA, por sus siglas en inglés, o Acuerdo Comercial Anti-Piratería respecto del que se tiene conocimiento que está siendo negociado por la Secretaría de Economía, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y la Procuraduría General de la República, sin embargo se desconoce el contenido y alcance de dichas negociaciones.

La principal preocupación de los diversos interesados en el tema, lo constituye el hermetismo y confidencialidad bajo el que se están realizando las negociaciones y redacción del texto del tratado en comento. A la fecha, según nos lo hacen saber los ciudadanos que se han acercado a esta Soberanía, no se ha dado oportunidad a la sociedad civil de participar en las negociaciones de este tratado comercial y únicamente se conocen documentos presumiblemente filtrados de algunas oficinas pertenecientes a otros países que también participan en la negociación del ACTA.

Temas como el derecho de autor en el entorno digital, cuya agenda se encuentra programada para discutirse en nuestro país en próximos días, representan puntos de suma importancia para el marco normativo nacional y para los derechos fundamentales de la ciudadanía y de las personas en general.

Otra de las preocupaciones expresada ante esta Soberanía es la relativa a que, aparentemente, solo se ha dado voz y voto en la redacción y conducción de las negociaciones que incumben al ACTA a los representantes de las diferentes industrias de contenidos como lo son la musical, la cinematográfica, la televisora y de desarrollo de software. En consecuencia, se aprecia un fuerte desequilibrio de intereses entre productores de contenidos, usuarios y consumidores de los mismos.

También se ha manifestado la preocupación por lo que podría ser una violación grave al principio de legalidad y certeza jurídica que invoca la inocencia de toda persona hasta que no sea demostrado lo contrario mediante un procedimiento seguido formalmente conforme a leyes claras y precisas. Esto derivado de que en los documentos aparentemente filtrados se dan a conocer posturas mediante las que la autoridad administrativa tendría la facultad para llevar a cabo diversas medidas que implican romper dicho principio de presunción de inocencia sin la participación de un juez, acción a todas luces inconstitucional en el marco de la legislación mexicana.

De igual forma, existe incertidumbre respecto de los contenidos y comunicaciones que circulan a través de Internet. En este orden de ideas, los documentos aparentemente filtrados suponen que los prestadores de servicios de conexión a Internet estarían obligados a filtrar toda comunicación que se intercambie a través de las redes públicas de telecomunicaciones. Puesto en otras palabras, los prestadores de servicios de conexión a Internet estarían obligados a conocer todo el contenido de las comunicaciones que pasen por su infraestructura, independientemente de la tecnología que se utilice. Lo anterior se percibe como un atentado grave a la privacidad de las personas, además de que obliga, injustamente, a un prestador de servicios a convertirse en delator, en su caso, de sus propios clientes.

Por otro lado, las provisiones que aparentemente se estarían incorporando a nuestra legislación en materia de propiedad intelectual constituyen una grave disminución de los derechos que hoy gozan los ciudadanos usuarios de obras protegidas por el sistema de propiedad intelectual en nuestro país. Cabe recordar que existe una serie de limitaciones debidamente especificadas en la Ley Federal del Derecho de Autor y en la Ley de la Propiedad Industrial, principalmente, que fueron concebidas como un factor de equilibrio entre los intereses que corresponden a los creadores de obras e inventores y aquellos correspondientes a la sociedad civil. En consecuencia, se aprecia como un retroceso grave el pretender disminuir, en cualquier medida, los derechos que hoy goza la ciudadanía como consecuencia de la ampliación de los privilegios de unos pocos en perjuicio de la mayoría.

Se tiene conocimiento de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha convocado a lo que dicho Instituto ha denominado como “Consultas Públicas del Acuerdo Comercial Anti-Piratería (ACTA)”, no obstante también se tiene conocimiento gracias a diversos comunicados de ciudadanos que desean involucrarse en dichas negociaciones, que las consultas públicas aparentemente no han sido tales sino que únicamente han sido convocatorias que aparentemente buscan legitimar la negociación del acuerdo comercial sin que en realidad se esté dando la oportunidad de participar a la sociedad civil. Ejemplo de esto lo representa la información que se encuentra en el propio sitio de Internet del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en donde se hace una relatoría de las diferentes reuniones que se han llevado a cabo en torno a las negociaciones del ACTA pero no se dan mayores detalles sobre el texto puntual que se piensa quede como redacción final de dicho acuerdo.

Lo anterior contrasta con negociaciones similares llevadas a cabo en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en donde se ha favorecido la transparencia e inclusión de diversos sectores productivos y de la sociedad civil en busca de un justo equilibrio de intereses entre ambas partes.

Por otra se debe considerar que con el fin de que el Senado mexicano estuviera informado paso a paso de las negociaciones de los diversos tratados internacionales que más tarde serían sometidos a su aprobación, con fecha 2 de septiembre del año 2004, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Sobre la aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, en este ordenamiento se establecen una serie de mecanismos para que el Senado conozca con todo detalle y oportunidad el comienzo de cualquier negociación comercial que el Ejecutivo Federal emprenda con otros países, asimismo se le obliga a informar permanentemente a esta Cámara sobre el avance, objetivos, y calendarización de las actividades relativas a la negociación.

Sin embargo y pese al procedimiento referenciado en el párrafo anterior, en el Senado de la República no se ha recibido ningún tipo de información por parte del Ejecutivo de las negociaciones y contenido de ACTA, ha existido un total hermetismo sobre los alcances y beneficios que en concreto nuestro país pudiera obtener por la adopción de este Acuerdo.

Resulta preocupante que el Ejecutivo Federal este realizando las negociaciones sin intervención del Senado de un instrumento de tal trascendencia y múltiples efectos, es menester que esta Cámara conozca el texto general que se esta negociando, así como la posición de nuestro país en las diferentes reuniones que se llevan acabo, y que justamente sea este cuerpo colegiado el punto de contacto con la sociedad civil, y los sectores industriales y productivos, mediante la realización de foros públicos en la que participen académicos, funcionarios, representantes del sector privado y demás interesados, a fin de analizar y debatir los alcances de este Acuerdo.

Es urgente que, de una vez y sin justificaciones, el Ejecutivo Federal dé cumplimiento a la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica e informe al Senado sobre el curso de esta negociación; de igual manera y por la importancia del tema, se solicita la creación de una subcomisión o comisión especial, que se integre de manera plural conforme a la representación de todos los grupos parlamentarios, con el fin de seguir las negociaciones de ACTA.

De todos sabido, que nuestro país tiene un extenso número de tratados comerciales y económicos con distintas naciones, mismos que han permitido la supuesta inserción de México en el comercio mundial, no obstante, es cuestionable las ventajas reales de la adopción estos instrumentos, ya que lejos de haber obtenido beneficios, es común tener conocimiento que las condiciones de competitividad del país siguen deteriorándose en cualquiera de los índices de medición internacional que se apliquen. La experiencia nos demuestra que la mayoría de los tratados económicos firmados por México han sido en condiciones notablemente desventajosas o en su caso respondieron a intereses particulares alejados de beneficios reales a la sociedad o al sector productivo, lo cual seguramente pudiera volver a suceder en caso de que no se respete el marco legal aplicable y se realice una consulta pública y responsable respecto de ACTA

Como consecuencia de lo anterior y a fin de poder disipar las preocupaciones y dudas manifestadas por diversos integrantes de la sociedad civil ante esta Soberanía, se somete a consideración de esta H. Comisión Permanente el siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Secretario de Economía y al Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se sirvan comparecer ante esta Soberanía a fin de proporcionar un informe detallado respecto de los siguientes puntos:

a) Contenido del texto preliminar que se tiene en el marco de las negociaciones del Acuerdo Comercial Anti-Piratería (ACTA).

b) Alcance del texto preliminar del Acuerdo Comercial Anti-Piratería (ACTA)

c) Lista de participantes en las negociaciones del Acuerdo Comercial Anti-Piratería (ACTA), pormenorizando Delegaciones correspondientes a cada país que interviene en las negociaciones, así como nombres de los funcionarios y empresas a que representan por parte de las diferentes industrias convocadas a las rondas de negociaciones, incluida la correspondiente a llevarse a cabo en México.

d) Provisiones que se pretende incluir en el texto de dicho acuerdo comercial en relación al uso de obras en el entorno digital, particularmente en lo concerniente a Internet, medios de soporte digital y electrónico.

e) Facultades y medidas que se pretenden conceder a la autoridad administrativa para salvaguardar los derechos de propiedad intelectual en nuestro país para el caso de que esta soberanía tenga a bien ratificar la suscripción del dicho acuerdo comercial por parte de los Estados Unidos Mexicanos.

f) Obligaciones que se pretende imponer a los prestadores de servicios de Internet para salvaguardar los derechos de propiedad intelectual en el marco del ACTA y consecuencias para la ciudadanía en caso de su aplicación.

g) Contenido de las minutas levantadas en las diferentes rondas de negociaciones en las que ha intervenido o asistido México.

h) Programa de consultas públicas y mecanismos de participación ciudadana en la ronda de negociación a llevarse a cabo en México y para las reuniones subsecuentes a celebrarse en otros países.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a que a la brevedad se integre una subcomisión o comisión especial que dé seguimiento a las negociaciones del Acuerdo Comercial Anti-Piratería, mejor conocido como ACTA por sus siglas en inglés, la cual contará con las atribuciones que prevé el artículo 8 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica.

TERCERO.- La subcomisión o comisión especial, realizará una evaluación del impacto, beneficio o desventajas que el ACTA podría representar para México, y de forma particular analizará si cumple con los objetivos previstos en la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica. De igual manera deberá realizar consultas públicas de análisis con todos los sectores interesados.

CUARTO.- La subcomisión o comisión especial, se integrará de manera plural, conforme a la representación de todos los grupos parlamentarios y su presidencia será rotativa. En todo momento la subcomisión o comisión especial deberá hacer pública la información que reciba del Ejecutivo Federal e informar periódicamente sobre sus actividades.

SUSCRIBE

SEN. FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los trece días del mes de enero de 2010.